06/12/2018 Ambito Financiero - Nota - Política - Pag. 14

Carrió baja el tono por el uso de armas de fuego, pero reclama que sea ley
En un extenso escrito en las redes sociales la diputada explicó que la medida del Gobierno debería debatirse en el Congreso y no ser una simple resolución.

Patricia Bullrich.


Quizá por las críticas que recibió en la misma red social donde publicó su rechazo al reglamento de uso de armas letales para las fuerzas federales, o quizá por la convulsión interna que provocó, ayer Elisa Carrió salió con una extensa explicación a reclamar que un protocolo de esas características debería ser aprobado por el Congreso y no una mera resolución ministerial.

La diputada se ofuscó por la norma que firmó Patricia Bullrich, que fue interpretada por algunos sectores como un permiso para el gatillo fácil y, el martes publicó en Twitter su desacuerdo. Dijo que la ministra se pasó y que “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministró Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo”. Además le agregó que “a los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí”. Inclusive, ayer, remarcó, también en Twitter que “al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos”.

Sin embargo, tras esa jornada, Carrió prefirió volcarse al Facebook que permite mayor cantidad de caracteres para explicar su posición, en un extenso escrito. La aliada de Cambiemos comienza diciendo que “puede haber sorprendido mi negativa a avalar la Resolución 956 / 2018 del Ministerio de Seguridad, el llamado Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad” y que “como legisladora de la Nación soy consciente de la falta de un respaldo legal que ampare el legítimo uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y policiales federales, como así también de las fuerzas policiales de las provincias. El agente de seguridad o policial se encuentra actualmente carente de un adecuado marco legal y está expuesto a las interpretaciones que en cada caso haga la Justicia sobre su proceder. Esto, lógicamente, atenta contra la tranquilidad y la confianza que debe tener el agente al usar el arma que le provee el Estado para proteger la seguridad de los ciudadanos, quienes le confiaron el monopolio del uso de la fuerza para su protección”.

Para la diputada, entonces ese marco debe ser “del nivel suficiente para que oriente la acción judicial y proteja adecuadamente al agente y considera que debe ser “una ley sancionada por el Congreso Nacional en el marco de sus atribuciones”. Sostiene que debe ser un marco legal que puede ser incorporado al Código Penal o que constituya una ley específica “que proteja adecuadamente al agente de seguridad o policial que deba hacer uso de su arma”.

“El derecho a la vida del ciudadano está debidamente asegurado en la Constitución Nacional, como así también la no aplicación de la pena de muerte. Las circunstancias en las que un agente de seguridad o policial deba ocasionar la muerte de un delincuente, o al menos emplear un arma letal que pudiera ocasionarla, debe tener un firme marco legal que evite la confusa interpretación de la norma” insistió la diputada y aseguró no estar en contra “del empleo por parte de un agente de seguridad o policial de su arma de fuego cuando las circunstancias lo justifiquen”. Dice entonces que “la Resolución Ministerial de un organismo nacional presenta diversas falencias que no protegerán adecuadamente al agente que deba emplear su arma de fuego contra un delincuente ante una situación crítica, ya que la muerte de la otra persona va a ser juzgada por el ámbito judicial que corresponda jurisdiccionalmente. El agente de seguridad o policial federal actúa siempre en el ámbito de las provincias y de la CABA y el Poder Ejecutivo de éstas no puede por sí mismo aceptar que se aplique un reglamento dispuesto por un organismo nacional, cuyas normas pueden ser inferidas o tachadas de anticonstitucionales por la entidad jurídica que corresponda a esa jurisdicción”. Así, sostiene que la resolución deja expuesto a que el agente “obrando honestamente al creer que está siendo protegido por el reglamento ministerial que se la ha impuesto, sufra las consecuencias de la falta de legalidad de su obrar al ser desconocido por la autoridad judicial correspondiente.”

Finalmente Carrió explica que “entiendo que actualmente la situación exige algún tipo de medida provisoria para subsanar algunas falencias que desprotegen al agente de seguridad o policial que deba emplear su arma, pero estas normas provisorias no pueden en ningún caso vulnerar los preceptos constitucionales y también deben ser consensuadas por las distintas fuerzas políticas”.


Menciones: cpol2


#76838790   Modificada: 06/12/2018 05:33

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